La expulsión de los judíos de España fue ordenada en 1492 por los Reyes Católicos mediante el Edicto de Granada con la finalidad de impedir que siguieran influyendo en los cristianos nuevos para que éstos se judaizaran. Se les daba un plazo de cinco meses para abandonar Castilla y Aragón.

La Inquisición pidió a los Reyes Católicos la expulsión de los judíos ya que creía que era la única forma de garantizar la conversión plena al catolicismo del reino. Así, al no tener cerca a miembros de su antigua religión, los judíos no tendrían los atractivos de traicionar la fe cristiana y judaizar.

Los judíos tenían una organización propia, las llamadas juderías que eran los barrios apartados de los judíos, las aljamas. Respecto a la sinceridad de sus conversiones religiosas al cristianismo se decía que los conversos muchas veces fingían la conversión, ya que de cara a la sociedad eran cristianos y practicaban clandestinamente los ritos judíos.

Aunque la Inquisición empezó a funcionar en 1480, la expulsión no se llevó a cabo hasta el final de la conquista del reino de Granada ya que se necesitaba el dinero que les daban importantes banqueros y financieros judíos para sufragar los gastos de la guerra.

Se calcula que, de los 200 000 judíos que había, marcharon la mitad que pasaron a Francia, Portugal, Países Bajos y norte de África, con lo que acabaron incorporándose al Imperio Otomano. Hasta el siglo XX ha llegado la existencia de judíos que hablaban español, los sefardíes.

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