Un 7 de diciembre de 1914 el gobierno de Ramón Barros Luco promulgó la denominada Ley de la silla, que entonces en tres artículos obligaba principalmente a los establecimientos comerciales a tener el número "suficiente de asientos a sillas a disposición de los dependientes o empleados". Entonces, se consideró un logro de los movimientos obreros a comienzos del siglo XX y la multa por transgredirla era de $10, que ingresaban a las arcas comunales. Su fiscalización quedaba en manos de las respectivas municipalidades.

Antes que en Chile, en Argentina ya existía una ley similar desde 1907. Su génesis se debió a diversas protestas callejeras de tejedoras, alpargateras, sombrereras y otras empleadas del comercio que reclamaban por sus derechos. Lo que estableció la norma transandina fue una silla o taburete con respaldo para sus funcionarios de todo rango.

Esta ley se aplica en los establecimientos industriales y a los trabajadores del comercio, cuando sus funciones lo permitan. La forma de ponerla en práctica debe quedar escrita en el respectivo reglamento interno.

Actualmente, la normativa sigue vigente, pero como parte del Código de Trabajo, manteniendo el espíritu de permitir que los empleados que desempeñan sus labores la mayor parte del tiempo de pie, tengan un lugar para sentarse en medio de su jornada laboral.

Más información: www.economiaynegocios.cl