En el año 212 el denominado "Edicto de Caracalla" o "Constitutio Antoniniana" extendió la ciudadanía romana a todos los habitantes libres del Imperio con la excepción de algunas gentes sobre cuya identificación los especialistas en la cuestión todavía discrepan. Entre los excluidos estaban los "dediticii", los no romanos formalmente carentes de otra ciudadanía, apátridas.

Asimismo continúan siendo motivo de debate las razones que motivaron tal decisión, aunque entre ellas parece destacar la posibilidad de ampliar de este modo el número de los obligados a pagar los impuestos derivados de la manumisión y los derechos de sucesión.

Por todo ello, al hecho mismo de la generalización de la ciudadanía romana cabe atribuirle en ese momento más un valor simbólico que unas ventajas reales.

Desde la dinastía Flavia, el otorgamiento de la ciudadanía romana se había convertido en un medio de promoción jurídica, constituyendo un honor. La ciudadanía romana era un requisito indispensable para acceder a las magistraturas y cargos del "cursus honorum", en especial para acceder al cargo de cónsul o senador.

La decisión del emperador no obtuvo una gran acogida por parte de las clases altas, tanto por parte de familiares y allegados del emperador, como por parte de autores, como el historiador Dión Casio, que en sus obras posteriores manifestaba lo acertado de la pretensión de Caracalla.

El texto del edicto se conserva en un papiro de la biblioteca de Gießen, Alemania.

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