El 4 de abril de 1955, el comando del destacamento “Sumapaz” de las Fuerzas Armadas Colombianas distribuyó entre los pobladores del oriente del Tolima, millares de volantes en los cuales anunciaba que el área comprendida por los municipios de Icononzo, Pandi, Melgar, Carmen de Apicalá, Cunday, Villarrica, Cabrera y Ospina Pérez había sido declarada “zona de operaciones militares”. Con esta última advertencia de “tierra arrasada” se dio inicio a uno de los más dolorosos capítulos de nuestra historia del siglo XX conocido como “la guerra de Villarrica”.

Esta guerra reviste particular importancia a la hora de analizar las responsabilidades en el conflicto armado colombiano, pues son varios los elementos históricos que allí se conjugan, entre otros: la agresión militar por parte del Estado contra pacíficas regiones agrarias como ya lo había hecho en el sur del Tolima y lo haría de nuevo en Marquetalia; el uso desproporcionado del aparato militar para acallar cualquier expresión de oposición política y social; la mentalidad profundamente anticomunista de las élites bipartidistas y de la jerarquía eclesiástica; la aplicación de tácticas contrainsurgentes contra la población, que incluyen el estímulo a bandas armadas; la utilización del sistema jurídico como instrumento de guerra y, el uso legítimo de las armas por parte de un grupo de campesinos para defender su integridad y la de sus familias.

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