Como presidente, luego de ganar la elección de 1946, Perón comenzó un programa de nacionalización de industrias clave para el desarrollo de una economía rentista fincada en el excedente de las exportaciones argentinas. Se nacionalizó el Banco Central, la industria ferrocarrilera (con el fin de reorganizar desde el gobierno la distribución y transportación de materias primas a los puertos importantes del país bajando los costos de transportación), y creó el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI), que tenía por fin centralizar el comercio exterior y crear el excedente económico entre el precio que el Instituto fijaba y al que se compraba en Europa, para luego ser redistribuido entre los distintos sectores económicos de la Argentina.

La Constitución Argentina de 1949, sancionada durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón (1946-1952), incorporó los derechos de segunda generación que caracterizan al constitucionalismo social: integró los derechos de los trabajadores (decálogo del trabajador); la igualdad de hombres y mujeres en las relaciones familiares; la autonomía universitaria; los tres artículos económicos que establecen la función social de la propiedad; el deber del capital de estar al servicio del bienestar social y las reglas para la intervención del Estado en la economía (normas sobre nacionalizaciones y el control estatal de los servicios públicos).

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